Los expedientes de amnistía fiscal se investigan por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

Cuando el Gobierno se planteó la implementación de la última amnistía fiscal en el 2012, con el fin de recaudar de los defraudadores cerca de 2.500 millones de euros, la ciudadanía mostró su descontento, pues le pareció injusta dicha medida. Finalmente el Gobierno recaudó más de los esperado, una suma que ascendió a más de 12.000 millones de euros. Hoy en día, probablemente muchos de los contribuyentes cumplidores se alegrarán al oír la noticia de que la Agencia Tributaria Estatal había abierto 357 expedientes para investigar la procedencia de los fondos recaudados, remitiendo al SEPBLAC los expedientes para que investiguen posible comisión de delito de blanqueo de capitales. Se puede apreciar como la amnistía fiscal había sido una “trampa” para aquellos que, aparte de haber eludido las obligaciones tributarias, habían blanqueado el dinero procedente de delitos o quien sabe, incluso para  los que financiaron actos del terrorismo. Así, por un lado se puede decir que dicha medida había sido un éxito en cuanto a los objetivos recaudatorios se refiere, así como también en la lucha contra el blanqueo de capitales y el castigo de las actividades delictivas. Por otro lado, la desconfianza generada por el Gobierno es tal que cualquier amnistía posterior será un fracaso, de modo que se optó por una medida a corto plazo, pero a largo plazo perjudica la lucha contra el blanqueo y la evasión fiscal.