El Congreso aprueba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

l Congreso aprueba la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Ejes básicos de aprobación: a) Control de duración de las causas Aunque en un principio dejaba en manos de la Fiscalía el control de la duración de las causas, esta iniciativa ha cambiado en su trámite parlamentario. El Ministerio Público ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas al plazo, se amplía al resto de personados en el procedimiento la posibilidad de pedir una prórroga del tiempo. b) Delitos complejos Se considerarán complejos los delitos cometidos por grupos u organizaciones criminales, los que tengan por objeto numerosos hechos punibles, involucren a gran cantidad de sujetos pasivos o de víctimas, exijan la realización de pericias que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis, impliquen realizar actuaciones en el extranjero, precisen revisar la gestión de personas jurídicas privadas o públicas, o sean por terrorismo. c) Protección de la imagen e intimidad de los detenidos en el momento del arresto Se obliga a proteger la imagen, el honor y la intimidad de los detenidos en el momento en que se practique su arresto y en los traslados posteriores, con la intención de “asegurar el respeto a sus derechos constitucionales”. d) La interceptación de comunicaciones afectará a WhatsApp La Lecrim aporta también novedades en las medidas de investigación tecnológica que, según el ministro, compatibilizan los derechos de las “personas investigadas” con las medidas de los investigadores. Se amplía la interceptación de comunicaciones –que afectará a WhatsApp, SMS, escuchas ambientales– con la autorización judicial valorando principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad y proporcionalidad. e) Novedades en la Incomunicación de los arrestados También se introducirán novedades relativas a la incomunicación de los arrestados. Los jueces deben justificar en un auto su decisión de autorizar este tipo de detención. Además, se ha incluido la obligación de que los arrestados incomunicados sean sometidos a dos revisiones médicas cada 24 horas para comprobar su estado físico y psíquico.